Waalwijk, al sur de Holanda, es una ciudad donde se han registrado casos de explotación laboral a españoles |
Desde
hace años, colectivos como Marea Granate, las Oficinas Precarias y, más
recientemente, Izquierda Unida Exterior, venimos denunciando que la emigración
de más de un millón de personas de nacionalidad española desde el comienzo de
la crisis económica es un fenómeno demasiado amplio como para poder ser
descrito como una fuga de cerebros: jóvenes
con alta cualificación y sin cargas familiares, que disfrutan de estupendos
contratos en prestigiosas universidades, empresas y centros de investigación
del extranjero. Aunque este sea el tópico sobre la emigración española difundido
por muchos medios de comunicación y el que más ha calado en la opinión pública,
la realidad —y los datos
recientes lo confirman— es bien diferente.
Ni
espíritu aventurero ni amplitud de miras. La emigración es sobre
todo una cuestión de necesidad, y la crisis económica ha obligado a hacer las
maletas a personas de todas las edades y niveles formativos. Ello incluye, por
ejemplo, a familias
cuyos miembros no cuentan con formación superior ni conocimiento del idioma
del país de destino, a personas de más de cuarenta o cincuenta años, y a
inmigrantes que llegaron a nuestro país en los primeros años de la burbuja
inmobiliaria, consiguieron la nacionalidad, y luego, tras quedarse sin trabajo,
emigraron a otro país.
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